En el ordenamiento jurídico español, para poder despedir a un trabajador han de concurrir una serie de causas tasadas en la ley y además hay que cumplir una serie de requisitos formales que en muchas ocasiones el empresario no las tiene en cuenta.

El incumplimiento de dichos requisitos legales comporta que el despido producido sea declarado como despido improcedente con derecho a la correspondiente indemnización.

También puede darse el caso en que el despido sea declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales o por motivos discriminatorios, cuya consecuencia es la readmisión obligatoria del trabajador, además del derecho a una indemnización adicional por daños y perjuicios.

La indemnización legal por despido está exenta de retención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.